Por un lobby honesto y transparente

Vuelvo al tema de la regulación de los lobbies, tal y como prometí.

Una de las iniciativas más significativas que la Comisión Europea (cuyo término de mandato finaliza este año) ha puesto en marcha ha sido la Iniciativa Europea por la Transparencia -más conocida por sus siglas, IET.

La IET nació de la mano del Comisario estonio Sim Kallas, responsable para asuntos de fraude, auditoria externa y administración, cuya labor principal es “eliminar todo rastro de sospecha o falta de confianza del ciudadano en las Instituciones”. Se partió de la base de que es normal que los ciudadanos se hagan preguntas sobre quién influencia a quién, cómo y para qué.

Tras el lanzamiento formal de la IET se publicó un Libro Verde en el que la Comisión dio una serie de indicaciones básicas y abrió un proceso de consultas con las partes interesadas. A esto siguió una Comunicación, en marzo del 2007, en la que se apuntaban ya una serie de medidas concretas.

La más discutida (aunque no la única) era la creación de un registro de lobbyistas en el que los grupos de presión deberían especificar para quién trabajan, y por cuanto. Este registro, puesto en marcha el año pasado, ha dado lugar a intensas discusiones en Bruselas: ¿hasta dónde debe llegar la transparencia de los lobbies o grupos de presión que –representando diversos intereses- tratan de influir en las políticas europeas?

Y es que es normal que los ciudadanos se hagan preguntas sobre quién influencia a quién, cómo y para qué.

Pero vayamos por partes: ¿Qué demonios es exactamente esto del lobbying?

La Comisión parte, acertadamente, desde una perspectiva amplia de lo que es hacer lobby y habla de “actividades que se realicen con el objetivo de influir en los procesos de elaboración de políticas y de toma de decisiones de las instituciones europeas”.

Así, no se discute si el lobbying es bueno o no, sino qué tipo de lobby se quiere, cómo disipar dudas y hacer de los llamados grupos de presión –o grupos de interés- un factor de transparencia.

En según qué entornos de nuestro continente, la palabra “lobbying” no suscita precisamente adhesiones inquebrantables: la mezcla de palabras como influencia, legislación, financiación y Bruselas sugiere, en el mejor de los casos, serias cuestiones sobre la limpieza de las actividades de que se trata. Sin embargo, en culturas como la anglosajona, la defensa de los intereses ante las Instituciones es un fenómeno absolutamente normal.

El punto de vista de la Comisión se acerca a esta perspectiva: el Comisario Kallas ha dejado bien claro que el lobbying es algo no sólo legítimo, sino necesario. Los legisladores –se dice- no actúan aislados desde sus torres de marfil, sino que necesitan la información proporcionada desde los grupos de interés para elaborar leyes equilibradas, que se adecuen a la realidad.

La siguiente pregunta es evidente: ¿Quién actúa como grupo de presión? El acierto de la Comisión en este punto es –a mi juicio- aún mayor: se establece que un lobbyista es tanto un miembro de una multinacional o un bufete de abogados como un representante de una ONG medioambiental o un funcionario de una oficina regional o local.

En efecto, todos los mencionados anteriormente pueden ejercer como grupos de interés. Sólo desde esa perspectiva se puede afrontar de un modo realista le reglamentación, muy necesaria, del sector.

La necesidad de regular la práctica de los grupos de presión nace de dos realidades:

- Por un lado, la proliferación de los lobbyies en Bruselas: se calcula que unas 15.000 personas trabajan en la capital belga tratando de influenciar a las Instituciones de la UE;
- Por otro lado, el reciente escándalo Abramoff sobre el lobbying ilegal en Estados Unidos puso en guardia a las autoridades Europeas en torno a casos similares a este lado del Atlántico.

Así, antes de que este tipo de asuntos pusieran en riesgo el prestigio –no muy reafirmado, dicho sea de paso- de las Instituciones de la UE, la Comisión propuso en su Libro Verde las siguientes medidas:

- Un registro voluntario para grupos de interés, que incluya el nombre del lobbyista y los intereses financieros que representa;
- Un código de conducta que regule las relaciones con las Instituciones de la UE, cuyo respeto sea un requisito para la inclusión en el registro;
- Un procedimiento estándar para las consultas de la Comisión.

La base de la que se parte es clara: Europa está en construcción. Y los escritores del guión son tanto las Instituciones como los ciudadanos, así que se debería tener claro quién interviene –y hasta qué punto- en la elaboración de la legislación que afecta a todos.

El debate en torno a este asunto ha sido y sigue siendo muy activo. Los principales contrincantes son, por un lado, las asociaciones de lobbyistas, y por otro, las ONGs que trabajan en pro de la transparencia en la UE, agrupadas en torno a una red llamada ‘ALTER EU’.

La Comisión ha requerido bque los grupos declaren, en franjas de 50.000 €, los ingresos que reciben de sus clientes. Esto ha sido ya juzgado como insuficiente por parte de ONGs pro-transparencia, que piden franjas más estrictas y critican el hecho de que este registro, por el momento, sea voluntario, aunque la Comisión no descarta hacerlo obligatorio en el futuro.

Las espadas siguen, pues, en todo lo alto, y no sólo los grupos privados están bajo la lupa: las propias Instituciones Europeas también tienen un serio trabajo por delante, de cara a evitar más casos de tránsfugas que pasen, en pocas semanas, de trabajar como altos funcionarios a ingresar como consejeros de lujo en empresas del mismo sector que antes regulaban.

En todo caso, este debate es muy conveniente para todos, ya que el objetivo final es eliminar la desconfianza hacia el lobbying europeo, y su visión como algo muy lejano y excesivamente complicado, reservado para el coto de las grandes multinacionales y de los círculos de poder inaccesibles.

Esta visión está extendida también en nuestro entorno, así que creo que conviene aprovechar el debate en torno a la IET para arrojar un poco de luz sobre este tema.

Para empezar, la actuación como grupo de interés no es cosa exclusiva, ni muchísimo menos, del gran capital. Las 15.000 personas que he mencionado anteriormente representan a grandes empresas, pero también –y en un número mucho más significativo- a regiones, entidades locales, asociaciones de medianas y pequeñas empresas y ONGs.

En segundo lugar, las críticas –muchas veces irrazonadas- a la práctica del lobbying desprecian a menudo al sujeto pasivo, es decir, a los funcionarios de la Comisión y a los europarlamentarios (entre otros) que, en la labor de legisladores que efectúan con toda honestidad, no se dejan convencer por cualquier argumento, por muy poderosa que sea su fuente.

De hecho, los problemas que la IET trata de resolver no van dirigidos al receptor del lobbying, sino al emisor: muchas veces es difícil saber quién está detrás de una intensa campaña de presión. En ocasiones, los intereses se esconden, y una ‘Asociación por la defensa del medio ambiente’ puede ocultar intereses específicos del sector privado. Esto sí es criticable, y se debe eliminar.

¿Cuáles son las claves de un lobbying honesto? Una aproximación realmente profesional a las Instituciones Europeas requiere una intensa preparación y un estudio minucioso del entorno (qué grupos participan en la preparación de la legislación y de la financiación europea en cada sector), un conocimiento detallado de los procedimientos de toma de decisiones, una visión -al menos- a medio plazo y un esfuerzo importante en la comunicación honrada y abierta de los intereses que se tratan de defender.

Nada se improvisa: no basta con un par de llamadas telefónicas o una buena conversación en torno a una mesa, porque eso –a la larga- supone lo que viene a llamarse pan para hoy y hambre para mañana.

La influencia, como la confianza, se gana poco a poco, y se merece, no se compra. Es por eso que, en la mayoría de los casos, el lobbying no se trata solo de la defensa, sino de la promoción de los intereses propios, desde una perspectiva preactiva, y no reactiva.

Teniendo en cuenta que más del 70% de las leyes nacionales vienen desde Bruselas, un lobbying a cara descubierta y profesional -como es el caso en la inmensa mayoría de campañas en Bruselas- se ha convertido más que nunca en una necesidad para cualquier empresa o entidad pública.

Así, en los 27 Estados miembros la tendencia de los lobbies es clara: si queremos influir en las decisiones de los poderes públicos, ¿por qué no ir a la fuente, al origen? Existe también la posibilidad de modificar una legislación -una Directiva, por ejemplo- cuando esta se transpone en los Estados, pero el margen de cambio es mucho más reducido, así que de cara a asegurarse en efecto sobre las políticas, lo más conveniente es acudir a Bruselas. Esta es la clave para explicar el porqué de la proliferación de los lobbies en la capital belga.

Y a más actividad en el sector, el debate en torno a este tema se hace más necesario, ya que la participación y el interés de todos sólo puede enriquecer su práctica.