Es seguro que estos días se hablará mucho de la necesidad de "acercar la UE al ciudadano".
Lo de "acercar" las Instituciones a los europeos me suena a movimiento forzado, algo así como ofrecer jarabe a un niño que no lo quiere ni probar, y cuya cara de disgusto va aumentando según la cuchara se arrima a su cara. Creo que el camino a recorrer debería ser el opuesto: permitir que el ciudadano se acerque a la UE, porque vea que es algo atractivo. La tarea, sin embargo, no es fácil. Hay muchas barreras, la mayoría de las cuales no son imputables a la ciudadanía. Para empezar, los europeos necesitan aumentar el poder de su voto: no se puede argumentar que el europarlamento es importantísimo para la vida diaria del ciudadano cuando esto es sólo una verdad a medias (o a tres cuartos, pero no entera).
Lo que se decide en Bruselas y Estrasburgo es esencial en temas como la legislación medioambiental y la protección de consumidores, pero el Parlamento que vamos a elegir el 7 de junio no tiene absolutamente nada (o casi nada) que decir en materias tan sensibles como la política fiscal, las ayudas agrícolas o en la política exterior de la UE.
Y es que esto de la UE se asemeja a una preciosa casa en permanente construcción, con la cocina –la Comisión- completamente amueblada, los dormitorios para los 27 habitantes terminados… pero la sala de estar (donde se reúne la familia para tomar las decisiones importantes) hecha unos zorros. Y no puede ser. Hay muchas competencias que deben ser “conquistadas” aún por el Parlamento para que esta asamblea sea realmente decisiva en todas las áreas que afectan a la vida corriente de los ciudadanos.
Además, está el tema de las listas electorales. En la mayoría de los Estados de la UE, los partidos tienen listas únicas (como sucede en España). Esto favorece el anonimato y la lejanía con respecto al ciudadano. Conocemos al jefe de filas, pero no tenemos ni idea de quién es, cómo respira y qué va a hacer el número 10, o el 17. Y, por supuesto, nada de seguir de cerca lo que hacen una vez elegid@s.
Así, no es lo mismo votar en España que en el Reino Unido, donde cada circunscripción regional debe elegir a varios candidat@s (por ejemplo en Yorkshire and the Humber, con tres millones de electores, cuenta con seis “elegibles”). Ahí sí que se tiene en cuenta la cercanía de las propuestas de cada político para su región, y se facilita el seguimiento de lo que cada un@ hace.
Un sistema electoral uniforme (preferentemente al modo británico, promoviendo la cercanía al ciudadano) facilitaría mucho las cosas.
Se trata, en definitiva, de allanar el camino que permita a los europeos que se acerquen a las Instituciones. Desafortunadamente, la llave para lograr estos avances (mayores competencias para el Parlmamento, uniformización de los sistemas electorales) no está en la propia eurocámara, sino en una decisión unánime de los Estados miembros. Pero estos son al fin y al cabo comandados por los gobernantes que elegimos cada cuatro años, así que… ¡habrá que hacer presión sobre ellos!
lunes, 4 de mayo de 2009
viernes, 24 de abril de 2009
Impulso de la Eurocámara al ahorro energético
Llegan buenas noticias desde Bruselas: El Parlamento Europeo aprobó ayer, 23 de abril, un informe sobre la reforma de la directiva sobre eficacia energética de los edificios. El tema es serio, ya que hoy en día las casas en las que vivimos y trabajamos son responsables de nada menos que del 40% de la energía consumida en nuestro continente y del 36% de las emisiones de gases de efecto invernadero. El potencial en cuanto a ahorro de emisiones de CO2 es, pues, enorme.
El informe parlamentario propone, entre otras cosas, que todos los edificios que se construyan a partir del 2019 en la UE sean de “energía cero”, es decir, capaces de generar la misma cantidad de energía que consumen. Esta fecha será 2016 para los nuevos edificios públicos.
Pero no hay que olvidar que los edificios nuevos son sólo un 1% del total. Así que hay que poner mucha atención a las viviendas viejas que son renovadas. En este sentido, la Eurocámara solicita que cualquier edificio que se someta a renovaciones sustanciales -de mas del 25% de su superficie- debe incorporar estándares de eficiencia energética (mientras que la antigua Directiva establecía que sólo los edificios de más de 1000m2 deberían acogerse a estos estándares).
Lo que sucede, claro, es que renovar nuestras viviendas para –por ejemplo- aislarlas correctamente y evitar que malgasten energía, cuesta dinero. De ahí que el Parlamento demande también que los países de la UE puedan destinar a medidas relacionadas con la eficiencia energética hasta un 15% de los fondos de desarrollo regional.
Hay que decir, sin embargo, que estamos sólo en la mitad del camino: el informe que se ha aprobado el Parlamento debe ser debatido por los Estados miembros de la UE, y –siendo realistas- hay bastantes posibilidades de que sus demandas se “revisen” a la baja, ya que entre los 27 hay muchas sensibilidades diferentes: los países nórdicos (con Suecia, que presidirá la Unión desde junio a diciembre, a la cabeza) son claramente partidarios de una perspectiva más “verde”, mientras que para los Estados del Este, sumidos en lo más crudo de la crisis económica, las prioridades son otras.
España, que presidirá la UE tras Suecia (a partir del 2010) debería dar ejemplo de proactividad y subirse al carro de las ambiciosas demandas parlamentarias. No olvidemos que las medidas destinadas a promover eficiencia energética –en el campo de la construcción, sobre todo- genera puestos de trabajo, y de eso siempre hay necesidad…
El informe parlamentario propone, entre otras cosas, que todos los edificios que se construyan a partir del 2019 en la UE sean de “energía cero”, es decir, capaces de generar la misma cantidad de energía que consumen. Esta fecha será 2016 para los nuevos edificios públicos.
Pero no hay que olvidar que los edificios nuevos son sólo un 1% del total. Así que hay que poner mucha atención a las viviendas viejas que son renovadas. En este sentido, la Eurocámara solicita que cualquier edificio que se someta a renovaciones sustanciales -de mas del 25% de su superficie- debe incorporar estándares de eficiencia energética (mientras que la antigua Directiva establecía que sólo los edificios de más de 1000m2 deberían acogerse a estos estándares).
Lo que sucede, claro, es que renovar nuestras viviendas para –por ejemplo- aislarlas correctamente y evitar que malgasten energía, cuesta dinero. De ahí que el Parlamento demande también que los países de la UE puedan destinar a medidas relacionadas con la eficiencia energética hasta un 15% de los fondos de desarrollo regional.
Hay que decir, sin embargo, que estamos sólo en la mitad del camino: el informe que se ha aprobado el Parlamento debe ser debatido por los Estados miembros de la UE, y –siendo realistas- hay bastantes posibilidades de que sus demandas se “revisen” a la baja, ya que entre los 27 hay muchas sensibilidades diferentes: los países nórdicos (con Suecia, que presidirá la Unión desde junio a diciembre, a la cabeza) son claramente partidarios de una perspectiva más “verde”, mientras que para los Estados del Este, sumidos en lo más crudo de la crisis económica, las prioridades son otras.
España, que presidirá la UE tras Suecia (a partir del 2010) debería dar ejemplo de proactividad y subirse al carro de las ambiciosas demandas parlamentarias. No olvidemos que las medidas destinadas a promover eficiencia energética –en el campo de la construcción, sobre todo- genera puestos de trabajo, y de eso siempre hay necesidad…
sábado, 18 de abril de 2009
Por un lobby honesto y transparente
Vuelvo al tema de la regulación de los lobbies, tal y como prometí.
Una de las iniciativas más significativas que la Comisión Europea (cuyo término de mandato finaliza este año) ha puesto en marcha ha sido la Iniciativa Europea por la Transparencia -más conocida por sus siglas, IET.
La IET nació de la mano del Comisario estonio Sim Kallas, responsable para asuntos de fraude, auditoria externa y administración, cuya labor principal es “eliminar todo rastro de sospecha o falta de confianza del ciudadano en las Instituciones”. Se partió de la base de que es normal que los ciudadanos se hagan preguntas sobre quién influencia a quién, cómo y para qué.
Tras el lanzamiento formal de la IET se publicó un Libro Verde en el que la Comisión dio una serie de indicaciones básicas y abrió un proceso de consultas con las partes interesadas. A esto siguió una Comunicación, en marzo del 2007, en la que se apuntaban ya una serie de medidas concretas.
La más discutida (aunque no la única) era la creación de un registro de lobbyistas en el que los grupos de presión deberían especificar para quién trabajan, y por cuanto. Este registro, puesto en marcha el año pasado, ha dado lugar a intensas discusiones en Bruselas: ¿hasta dónde debe llegar la transparencia de los lobbies o grupos de presión que –representando diversos intereses- tratan de influir en las políticas europeas?
Y es que es normal que los ciudadanos se hagan preguntas sobre quién influencia a quién, cómo y para qué.
Pero vayamos por partes: ¿Qué demonios es exactamente esto del lobbying?
La Comisión parte, acertadamente, desde una perspectiva amplia de lo que es hacer lobby y habla de “actividades que se realicen con el objetivo de influir en los procesos de elaboración de políticas y de toma de decisiones de las instituciones europeas”.
Así, no se discute si el lobbying es bueno o no, sino qué tipo de lobby se quiere, cómo disipar dudas y hacer de los llamados grupos de presión –o grupos de interés- un factor de transparencia.
En según qué entornos de nuestro continente, la palabra “lobbying” no suscita precisamente adhesiones inquebrantables: la mezcla de palabras como influencia, legislación, financiación y Bruselas sugiere, en el mejor de los casos, serias cuestiones sobre la limpieza de las actividades de que se trata. Sin embargo, en culturas como la anglosajona, la defensa de los intereses ante las Instituciones es un fenómeno absolutamente normal.
El punto de vista de la Comisión se acerca a esta perspectiva: el Comisario Kallas ha dejado bien claro que el lobbying es algo no sólo legítimo, sino necesario. Los legisladores –se dice- no actúan aislados desde sus torres de marfil, sino que necesitan la información proporcionada desde los grupos de interés para elaborar leyes equilibradas, que se adecuen a la realidad.
La siguiente pregunta es evidente: ¿Quién actúa como grupo de presión? El acierto de la Comisión en este punto es –a mi juicio- aún mayor: se establece que un lobbyista es tanto un miembro de una multinacional o un bufete de abogados como un representante de una ONG medioambiental o un funcionario de una oficina regional o local.
En efecto, todos los mencionados anteriormente pueden ejercer como grupos de interés. Sólo desde esa perspectiva se puede afrontar de un modo realista le reglamentación, muy necesaria, del sector.
La necesidad de regular la práctica de los grupos de presión nace de dos realidades:
- Por un lado, la proliferación de los lobbyies en Bruselas: se calcula que unas 15.000 personas trabajan en la capital belga tratando de influenciar a las Instituciones de la UE;
- Por otro lado, el reciente escándalo Abramoff sobre el lobbying ilegal en Estados Unidos puso en guardia a las autoridades Europeas en torno a casos similares a este lado del Atlántico.
Así, antes de que este tipo de asuntos pusieran en riesgo el prestigio –no muy reafirmado, dicho sea de paso- de las Instituciones de la UE, la Comisión propuso en su Libro Verde las siguientes medidas:
- Un registro voluntario para grupos de interés, que incluya el nombre del lobbyista y los intereses financieros que representa;
- Un código de conducta que regule las relaciones con las Instituciones de la UE, cuyo respeto sea un requisito para la inclusión en el registro;
- Un procedimiento estándar para las consultas de la Comisión.
La base de la que se parte es clara: Europa está en construcción. Y los escritores del guión son tanto las Instituciones como los ciudadanos, así que se debería tener claro quién interviene –y hasta qué punto- en la elaboración de la legislación que afecta a todos.
El debate en torno a este asunto ha sido y sigue siendo muy activo. Los principales contrincantes son, por un lado, las asociaciones de lobbyistas, y por otro, las ONGs que trabajan en pro de la transparencia en la UE, agrupadas en torno a una red llamada ‘ALTER EU’.
La Comisión ha requerido bque los grupos declaren, en franjas de 50.000 €, los ingresos que reciben de sus clientes. Esto ha sido ya juzgado como insuficiente por parte de ONGs pro-transparencia, que piden franjas más estrictas y critican el hecho de que este registro, por el momento, sea voluntario, aunque la Comisión no descarta hacerlo obligatorio en el futuro.
Las espadas siguen, pues, en todo lo alto, y no sólo los grupos privados están bajo la lupa: las propias Instituciones Europeas también tienen un serio trabajo por delante, de cara a evitar más casos de tránsfugas que pasen, en pocas semanas, de trabajar como altos funcionarios a ingresar como consejeros de lujo en empresas del mismo sector que antes regulaban.
En todo caso, este debate es muy conveniente para todos, ya que el objetivo final es eliminar la desconfianza hacia el lobbying europeo, y su visión como algo muy lejano y excesivamente complicado, reservado para el coto de las grandes multinacionales y de los círculos de poder inaccesibles.
Esta visión está extendida también en nuestro entorno, así que creo que conviene aprovechar el debate en torno a la IET para arrojar un poco de luz sobre este tema.
Para empezar, la actuación como grupo de interés no es cosa exclusiva, ni muchísimo menos, del gran capital. Las 15.000 personas que he mencionado anteriormente representan a grandes empresas, pero también –y en un número mucho más significativo- a regiones, entidades locales, asociaciones de medianas y pequeñas empresas y ONGs.
En segundo lugar, las críticas –muchas veces irrazonadas- a la práctica del lobbying desprecian a menudo al sujeto pasivo, es decir, a los funcionarios de la Comisión y a los europarlamentarios (entre otros) que, en la labor de legisladores que efectúan con toda honestidad, no se dejan convencer por cualquier argumento, por muy poderosa que sea su fuente.
De hecho, los problemas que la IET trata de resolver no van dirigidos al receptor del lobbying, sino al emisor: muchas veces es difícil saber quién está detrás de una intensa campaña de presión. En ocasiones, los intereses se esconden, y una ‘Asociación por la defensa del medio ambiente’ puede ocultar intereses específicos del sector privado. Esto sí es criticable, y se debe eliminar.
¿Cuáles son las claves de un lobbying honesto? Una aproximación realmente profesional a las Instituciones Europeas requiere una intensa preparación y un estudio minucioso del entorno (qué grupos participan en la preparación de la legislación y de la financiación europea en cada sector), un conocimiento detallado de los procedimientos de toma de decisiones, una visión -al menos- a medio plazo y un esfuerzo importante en la comunicación honrada y abierta de los intereses que se tratan de defender.
Nada se improvisa: no basta con un par de llamadas telefónicas o una buena conversación en torno a una mesa, porque eso –a la larga- supone lo que viene a llamarse pan para hoy y hambre para mañana.
La influencia, como la confianza, se gana poco a poco, y se merece, no se compra. Es por eso que, en la mayoría de los casos, el lobbying no se trata solo de la defensa, sino de la promoción de los intereses propios, desde una perspectiva preactiva, y no reactiva.
Teniendo en cuenta que más del 70% de las leyes nacionales vienen desde Bruselas, un lobbying a cara descubierta y profesional -como es el caso en la inmensa mayoría de campañas en Bruselas- se ha convertido más que nunca en una necesidad para cualquier empresa o entidad pública.
Así, en los 27 Estados miembros la tendencia de los lobbies es clara: si queremos influir en las decisiones de los poderes públicos, ¿por qué no ir a la fuente, al origen? Existe también la posibilidad de modificar una legislación -una Directiva, por ejemplo- cuando esta se transpone en los Estados, pero el margen de cambio es mucho más reducido, así que de cara a asegurarse en efecto sobre las políticas, lo más conveniente es acudir a Bruselas. Esta es la clave para explicar el porqué de la proliferación de los lobbies en la capital belga.
Y a más actividad en el sector, el debate en torno a este tema se hace más necesario, ya que la participación y el interés de todos sólo puede enriquecer su práctica.
Una de las iniciativas más significativas que la Comisión Europea (cuyo término de mandato finaliza este año) ha puesto en marcha ha sido la Iniciativa Europea por la Transparencia -más conocida por sus siglas, IET.
La IET nació de la mano del Comisario estonio Sim Kallas, responsable para asuntos de fraude, auditoria externa y administración, cuya labor principal es “eliminar todo rastro de sospecha o falta de confianza del ciudadano en las Instituciones”. Se partió de la base de que es normal que los ciudadanos se hagan preguntas sobre quién influencia a quién, cómo y para qué.
Tras el lanzamiento formal de la IET se publicó un Libro Verde en el que la Comisión dio una serie de indicaciones básicas y abrió un proceso de consultas con las partes interesadas. A esto siguió una Comunicación, en marzo del 2007, en la que se apuntaban ya una serie de medidas concretas.
La más discutida (aunque no la única) era la creación de un registro de lobbyistas en el que los grupos de presión deberían especificar para quién trabajan, y por cuanto. Este registro, puesto en marcha el año pasado, ha dado lugar a intensas discusiones en Bruselas: ¿hasta dónde debe llegar la transparencia de los lobbies o grupos de presión que –representando diversos intereses- tratan de influir en las políticas europeas?
Y es que es normal que los ciudadanos se hagan preguntas sobre quién influencia a quién, cómo y para qué.
Pero vayamos por partes: ¿Qué demonios es exactamente esto del lobbying?
La Comisión parte, acertadamente, desde una perspectiva amplia de lo que es hacer lobby y habla de “actividades que se realicen con el objetivo de influir en los procesos de elaboración de políticas y de toma de decisiones de las instituciones europeas”.
Así, no se discute si el lobbying es bueno o no, sino qué tipo de lobby se quiere, cómo disipar dudas y hacer de los llamados grupos de presión –o grupos de interés- un factor de transparencia.
En según qué entornos de nuestro continente, la palabra “lobbying” no suscita precisamente adhesiones inquebrantables: la mezcla de palabras como influencia, legislación, financiación y Bruselas sugiere, en el mejor de los casos, serias cuestiones sobre la limpieza de las actividades de que se trata. Sin embargo, en culturas como la anglosajona, la defensa de los intereses ante las Instituciones es un fenómeno absolutamente normal.
El punto de vista de la Comisión se acerca a esta perspectiva: el Comisario Kallas ha dejado bien claro que el lobbying es algo no sólo legítimo, sino necesario. Los legisladores –se dice- no actúan aislados desde sus torres de marfil, sino que necesitan la información proporcionada desde los grupos de interés para elaborar leyes equilibradas, que se adecuen a la realidad.
La siguiente pregunta es evidente: ¿Quién actúa como grupo de presión? El acierto de la Comisión en este punto es –a mi juicio- aún mayor: se establece que un lobbyista es tanto un miembro de una multinacional o un bufete de abogados como un representante de una ONG medioambiental o un funcionario de una oficina regional o local.
En efecto, todos los mencionados anteriormente pueden ejercer como grupos de interés. Sólo desde esa perspectiva se puede afrontar de un modo realista le reglamentación, muy necesaria, del sector.
La necesidad de regular la práctica de los grupos de presión nace de dos realidades:
- Por un lado, la proliferación de los lobbyies en Bruselas: se calcula que unas 15.000 personas trabajan en la capital belga tratando de influenciar a las Instituciones de la UE;
- Por otro lado, el reciente escándalo Abramoff sobre el lobbying ilegal en Estados Unidos puso en guardia a las autoridades Europeas en torno a casos similares a este lado del Atlántico.
Así, antes de que este tipo de asuntos pusieran en riesgo el prestigio –no muy reafirmado, dicho sea de paso- de las Instituciones de la UE, la Comisión propuso en su Libro Verde las siguientes medidas:
- Un registro voluntario para grupos de interés, que incluya el nombre del lobbyista y los intereses financieros que representa;
- Un código de conducta que regule las relaciones con las Instituciones de la UE, cuyo respeto sea un requisito para la inclusión en el registro;
- Un procedimiento estándar para las consultas de la Comisión.
La base de la que se parte es clara: Europa está en construcción. Y los escritores del guión son tanto las Instituciones como los ciudadanos, así que se debería tener claro quién interviene –y hasta qué punto- en la elaboración de la legislación que afecta a todos.
El debate en torno a este asunto ha sido y sigue siendo muy activo. Los principales contrincantes son, por un lado, las asociaciones de lobbyistas, y por otro, las ONGs que trabajan en pro de la transparencia en la UE, agrupadas en torno a una red llamada ‘ALTER EU’.
La Comisión ha requerido bque los grupos declaren, en franjas de 50.000 €, los ingresos que reciben de sus clientes. Esto ha sido ya juzgado como insuficiente por parte de ONGs pro-transparencia, que piden franjas más estrictas y critican el hecho de que este registro, por el momento, sea voluntario, aunque la Comisión no descarta hacerlo obligatorio en el futuro.
Las espadas siguen, pues, en todo lo alto, y no sólo los grupos privados están bajo la lupa: las propias Instituciones Europeas también tienen un serio trabajo por delante, de cara a evitar más casos de tránsfugas que pasen, en pocas semanas, de trabajar como altos funcionarios a ingresar como consejeros de lujo en empresas del mismo sector que antes regulaban.
En todo caso, este debate es muy conveniente para todos, ya que el objetivo final es eliminar la desconfianza hacia el lobbying europeo, y su visión como algo muy lejano y excesivamente complicado, reservado para el coto de las grandes multinacionales y de los círculos de poder inaccesibles.
Esta visión está extendida también en nuestro entorno, así que creo que conviene aprovechar el debate en torno a la IET para arrojar un poco de luz sobre este tema.
Para empezar, la actuación como grupo de interés no es cosa exclusiva, ni muchísimo menos, del gran capital. Las 15.000 personas que he mencionado anteriormente representan a grandes empresas, pero también –y en un número mucho más significativo- a regiones, entidades locales, asociaciones de medianas y pequeñas empresas y ONGs.
En segundo lugar, las críticas –muchas veces irrazonadas- a la práctica del lobbying desprecian a menudo al sujeto pasivo, es decir, a los funcionarios de la Comisión y a los europarlamentarios (entre otros) que, en la labor de legisladores que efectúan con toda honestidad, no se dejan convencer por cualquier argumento, por muy poderosa que sea su fuente.
De hecho, los problemas que la IET trata de resolver no van dirigidos al receptor del lobbying, sino al emisor: muchas veces es difícil saber quién está detrás de una intensa campaña de presión. En ocasiones, los intereses se esconden, y una ‘Asociación por la defensa del medio ambiente’ puede ocultar intereses específicos del sector privado. Esto sí es criticable, y se debe eliminar.
¿Cuáles son las claves de un lobbying honesto? Una aproximación realmente profesional a las Instituciones Europeas requiere una intensa preparación y un estudio minucioso del entorno (qué grupos participan en la preparación de la legislación y de la financiación europea en cada sector), un conocimiento detallado de los procedimientos de toma de decisiones, una visión -al menos- a medio plazo y un esfuerzo importante en la comunicación honrada y abierta de los intereses que se tratan de defender.
Nada se improvisa: no basta con un par de llamadas telefónicas o una buena conversación en torno a una mesa, porque eso –a la larga- supone lo que viene a llamarse pan para hoy y hambre para mañana.
La influencia, como la confianza, se gana poco a poco, y se merece, no se compra. Es por eso que, en la mayoría de los casos, el lobbying no se trata solo de la defensa, sino de la promoción de los intereses propios, desde una perspectiva preactiva, y no reactiva.
Teniendo en cuenta que más del 70% de las leyes nacionales vienen desde Bruselas, un lobbying a cara descubierta y profesional -como es el caso en la inmensa mayoría de campañas en Bruselas- se ha convertido más que nunca en una necesidad para cualquier empresa o entidad pública.
Así, en los 27 Estados miembros la tendencia de los lobbies es clara: si queremos influir en las decisiones de los poderes públicos, ¿por qué no ir a la fuente, al origen? Existe también la posibilidad de modificar una legislación -una Directiva, por ejemplo- cuando esta se transpone en los Estados, pero el margen de cambio es mucho más reducido, así que de cara a asegurarse en efecto sobre las políticas, lo más conveniente es acudir a Bruselas. Esta es la clave para explicar el porqué de la proliferación de los lobbies en la capital belga.
Y a más actividad en el sector, el debate en torno a este tema se hace más necesario, ya que la participación y el interés de todos sólo puede enriquecer su práctica.
sábado, 11 de abril de 2009
Lobbies: quiénes son y a quién representan
Se calcula que hay unas 3000 organizaciones (que emplean a entre 15.000 y 20.000 profesionales) están permanentemente representadas en Bruselas con el objetivo de influir sobre las autoridades comunitarias para que la elaboración de políticas se adecue a sus intereses.
Digo “se calcula” porque –a día de hoy- no hay un registro oficial obligatorio para estas entidades. Los que existen son bien una ‘lista de acceso’ a lobbyistas para el Parlamento europeo (poco indicativa de la realidad, ya que no todas las entidades que hacen lobby se dirigen al Parlamento), o bien un registro voluntario puesto en marcha el año pasado por la Comisión Europea.
Así, la fuente más fiable para establecer con claridad cuántos lobbys hay en Bruselas son los directorios de negocios. El de más éxito, el ‘European Public Affairs Directory’, publicado anualmente desde 1990, recoge las cifras que he mencionado en el primer párrafo. Así que con ellas funcionaremos.
Estas 3.000 oficinas desarrollan sus actividades bajo muchos nombres diferentes:
- Pueden llamarse ‘Asociaciones profesionales’ o ‘Federaciones’ si representan a agrupaciones de sectores industriales (por ejemplo, EUROPIA, la Asociación de empresas petroleras, o EWEA, la Asociación Europea de Energía Eólica);
- Pueden denominarse ‘Representaciones ante la UE’ si se trata de entes regionales (Baviera, Lombardia, cualquiera de las 17 Comunidades Autónomas españolas) o locales (la Diputación de Barcelona es una de las pocas entidades sub-regionales que tienen una delegación en Bruselas, mientras que hay ciudades como Estocolmo o Helsinki que también están representadas),
- También pueden tomar simplemente el nombre de ‘Oficinas europeas’ (‘EU offices’) si se trata de sedes especializadas en asuntos comunitarios de empresas nacionales o multinacionales, así como de ONGs, asociaciones de consumidores y otros grupos de interés,
- Por último, no debemos olvidar las agencias de lobbying indirecto: Hay muchas organizaciones que cuentan con su propia oficina en Bruselas, pero es mucho mayor el número de empresas y asociaciones que, sin tener una representación en la capital belga, contratan los servicios de despachos especializados en lobby (lo que aquí se llama ‘Public Affairs Consultancies’). Estas agencias pueden ser de un tamaño considerable (Hill & Knowlton, Burson-Marsteller, o APCO Europe cuentan con más de 30 consultores), o bien subsistir con un equipo permanente de 5 lobbyistas.
Para abreviar –y para entendernos mejor- llamaremos ‘lobbies’ a todos, porque –ya se trate de empresas, de entidades públicas, de asociaciones o de ONGs- su función principal, aunque no la única, es ejercer influencia ante las autoridades públicas para obtener cambios políticos o normativos que les beneficien.
Esto es lo primero que debemos tener claro: hay que desechar cualquier aproximación parcial interesada que equipare “lobby” a “gran capital”, multinacionales o grandes industrias. En Bruselas, todos hacen lobby (empresas grandes y no tan grandes, ONGs, regiones, incluso organizaciones religiosas).
¿A quién representan y qué temas se abordan?
Bruselas legisla sobre prácticamente todo: desde las emisiones contaminantes industriales hasta el grosor de los preservativos, pasando por los componentes de los juguetes para niños o el consumo de energía de las bombillas. El fundamento del mercado único es establecer normas comunes para los 27 Estados, así que es necesaria una actividad constante y multipolar.
Voy a poner varios ejemplos de campañas de lobby actuales y pasadas que creo resultan bastante ilustrativas de las diferentes áreas en las que se puede hacer lobby:
- Lobby industrial Vs lobby verde: El año pasado tuvo lugar una campaña en torno a una propuesta de Directiva Europea sobre emisiones de CO2 de vehículos de motor. En el marco de la lucha contra el cambio climático, la UE deseaba establecer por primera vez unos límites máximos obligatorios sobre la cantidad de CO2 que podían emitir los automóviles fabricados a partir del 2012. La lucha en este caso enfrentó a las grandes industrias automovilísticas –que argüían que los costes de producción derivados de estas exigencias hundirían al sector y que pedían más tiempo para poder adaptarse a las exigencias- contra las ONGs ecologistas, que demandaban una acción severa contra las marcas más contaminantes.
- Lobby químico Vs protección de consumidores: La campaña estrella del 2006 fue la normativa conocida como REACH, que afectaba a la evaluación y registro de los productos químicos (no hay que olvidar que la industria química europea es la segunda con más peso en el continente, después de la agroalimentaria). Las grandes empresas del sector –sobre todo alemanas- platearon miles de enmiendas a la propuesta de la Comisión Europea, y las discusiones en el Parlamento necesitaron de meses de trabajo y numerosísimas audiciones, foros y debates paralelos. Millones de euros estaban en juego, ya que las obligaciones establecidas por la normativa podían resultar costosísimas para estos gigantes industriales. En el otro lado de la balanza, las ONGs y asociaciones de protección de consumidores exigían controles estrictos.
- La batalla del chocolate: Una campaña que en su día hizo correr ríos de tinta fue la “Directiva sobre las normas de composición y de etiquetado de los productos de cacao y de chocolate destinados a la alimentación humana”. Resulta que en los diversos Estados de la UE se entendía por “chocolate” cosas completamente diferentes: mientras que en la Europa continental y del sur se tenía un concepto más ‘puro’, en el Reino Unido, Irlanda y Dinamarca, por motivos tradicionales y comerciales, se llamaba “chocolate” a una mezcla que podía contener gran cantidad de grasas vegetales. Sin embargo, los productos chocolateros se vendían por toda Europa a causa del mercado único, y la UE consideró oportuno uniformizar el etiquetado para no dar lugar a equívocos al consumidor sobre si lo que compraba se podía considerar o no chocolate.
Los países del sur y centro de Europa exigían a Londres, Dublín y Copenhague que llamaran a sus productos de otra forma y que especificaran en el etiquetado los componentes (menos cacao y más grasas vegetales). El Reino Unido se negaba en redondo. La cuestión no sólo ponía en pie de guerra a las industrias chocolateras europeas, sino que iba más allá: numerosas ONGs de desarrollo denunciaron que la aceptación de una definición más laxa de chocolate y cacao podía afectar dramáticamente a millones de familias de cultivadores africanos.
- Lobby sobre el lobby: El mismo tema de la regulación de los lobbies -la iniciativa Europea sobre transparencia, de la que hablaré próximamente en otra entrada- ha sido objeto de intensas campañas: por un lado, las asociaciones de lobbyistas industriales (SEAP, EPACA), y por el otro, las ONGs pro-transparencia (agrupadas bajo el ‘paraguas’ de Alter-EU).
Estos son sólo unos ejemplos de la frenética actividad de los lobbies de todo tipo en Bruselas. En entradas posteriores profundizaré más sobre la necesidad de una regulación que proporcione "aire fresco" y ponga orden en esta práctica.
Digo “se calcula” porque –a día de hoy- no hay un registro oficial obligatorio para estas entidades. Los que existen son bien una ‘lista de acceso’ a lobbyistas para el Parlamento europeo (poco indicativa de la realidad, ya que no todas las entidades que hacen lobby se dirigen al Parlamento), o bien un registro voluntario puesto en marcha el año pasado por la Comisión Europea.
Así, la fuente más fiable para establecer con claridad cuántos lobbys hay en Bruselas son los directorios de negocios. El de más éxito, el ‘European Public Affairs Directory’, publicado anualmente desde 1990, recoge las cifras que he mencionado en el primer párrafo. Así que con ellas funcionaremos.
Estas 3.000 oficinas desarrollan sus actividades bajo muchos nombres diferentes:
- Pueden llamarse ‘Asociaciones profesionales’ o ‘Federaciones’ si representan a agrupaciones de sectores industriales (por ejemplo, EUROPIA, la Asociación de empresas petroleras, o EWEA, la Asociación Europea de Energía Eólica);
- Pueden denominarse ‘Representaciones ante la UE’ si se trata de entes regionales (Baviera, Lombardia, cualquiera de las 17 Comunidades Autónomas españolas) o locales (la Diputación de Barcelona es una de las pocas entidades sub-regionales que tienen una delegación en Bruselas, mientras que hay ciudades como Estocolmo o Helsinki que también están representadas),
- También pueden tomar simplemente el nombre de ‘Oficinas europeas’ (‘EU offices’) si se trata de sedes especializadas en asuntos comunitarios de empresas nacionales o multinacionales, así como de ONGs, asociaciones de consumidores y otros grupos de interés,
- Por último, no debemos olvidar las agencias de lobbying indirecto: Hay muchas organizaciones que cuentan con su propia oficina en Bruselas, pero es mucho mayor el número de empresas y asociaciones que, sin tener una representación en la capital belga, contratan los servicios de despachos especializados en lobby (lo que aquí se llama ‘Public Affairs Consultancies’). Estas agencias pueden ser de un tamaño considerable (Hill & Knowlton, Burson-Marsteller, o APCO Europe cuentan con más de 30 consultores), o bien subsistir con un equipo permanente de 5 lobbyistas.
Para abreviar –y para entendernos mejor- llamaremos ‘lobbies’ a todos, porque –ya se trate de empresas, de entidades públicas, de asociaciones o de ONGs- su función principal, aunque no la única, es ejercer influencia ante las autoridades públicas para obtener cambios políticos o normativos que les beneficien.
Esto es lo primero que debemos tener claro: hay que desechar cualquier aproximación parcial interesada que equipare “lobby” a “gran capital”, multinacionales o grandes industrias. En Bruselas, todos hacen lobby (empresas grandes y no tan grandes, ONGs, regiones, incluso organizaciones religiosas).
¿A quién representan y qué temas se abordan?
Bruselas legisla sobre prácticamente todo: desde las emisiones contaminantes industriales hasta el grosor de los preservativos, pasando por los componentes de los juguetes para niños o el consumo de energía de las bombillas. El fundamento del mercado único es establecer normas comunes para los 27 Estados, así que es necesaria una actividad constante y multipolar.
Voy a poner varios ejemplos de campañas de lobby actuales y pasadas que creo resultan bastante ilustrativas de las diferentes áreas en las que se puede hacer lobby:
- Lobby industrial Vs lobby verde: El año pasado tuvo lugar una campaña en torno a una propuesta de Directiva Europea sobre emisiones de CO2 de vehículos de motor. En el marco de la lucha contra el cambio climático, la UE deseaba establecer por primera vez unos límites máximos obligatorios sobre la cantidad de CO2 que podían emitir los automóviles fabricados a partir del 2012. La lucha en este caso enfrentó a las grandes industrias automovilísticas –que argüían que los costes de producción derivados de estas exigencias hundirían al sector y que pedían más tiempo para poder adaptarse a las exigencias- contra las ONGs ecologistas, que demandaban una acción severa contra las marcas más contaminantes.
- Lobby químico Vs protección de consumidores: La campaña estrella del 2006 fue la normativa conocida como REACH, que afectaba a la evaluación y registro de los productos químicos (no hay que olvidar que la industria química europea es la segunda con más peso en el continente, después de la agroalimentaria). Las grandes empresas del sector –sobre todo alemanas- platearon miles de enmiendas a la propuesta de la Comisión Europea, y las discusiones en el Parlamento necesitaron de meses de trabajo y numerosísimas audiciones, foros y debates paralelos. Millones de euros estaban en juego, ya que las obligaciones establecidas por la normativa podían resultar costosísimas para estos gigantes industriales. En el otro lado de la balanza, las ONGs y asociaciones de protección de consumidores exigían controles estrictos.
- La batalla del chocolate: Una campaña que en su día hizo correr ríos de tinta fue la “Directiva sobre las normas de composición y de etiquetado de los productos de cacao y de chocolate destinados a la alimentación humana”. Resulta que en los diversos Estados de la UE se entendía por “chocolate” cosas completamente diferentes: mientras que en la Europa continental y del sur se tenía un concepto más ‘puro’, en el Reino Unido, Irlanda y Dinamarca, por motivos tradicionales y comerciales, se llamaba “chocolate” a una mezcla que podía contener gran cantidad de grasas vegetales. Sin embargo, los productos chocolateros se vendían por toda Europa a causa del mercado único, y la UE consideró oportuno uniformizar el etiquetado para no dar lugar a equívocos al consumidor sobre si lo que compraba se podía considerar o no chocolate.
Los países del sur y centro de Europa exigían a Londres, Dublín y Copenhague que llamaran a sus productos de otra forma y que especificaran en el etiquetado los componentes (menos cacao y más grasas vegetales). El Reino Unido se negaba en redondo. La cuestión no sólo ponía en pie de guerra a las industrias chocolateras europeas, sino que iba más allá: numerosas ONGs de desarrollo denunciaron que la aceptación de una definición más laxa de chocolate y cacao podía afectar dramáticamente a millones de familias de cultivadores africanos.
- Lobby sobre el lobby: El mismo tema de la regulación de los lobbies -la iniciativa Europea sobre transparencia, de la que hablaré próximamente en otra entrada- ha sido objeto de intensas campañas: por un lado, las asociaciones de lobbyistas industriales (SEAP, EPACA), y por el otro, las ONGs pro-transparencia (agrupadas bajo el ‘paraguas’ de Alter-EU).
Estos son sólo unos ejemplos de la frenética actividad de los lobbies de todo tipo en Bruselas. En entradas posteriores profundizaré más sobre la necesidad de una regulación que proporcione "aire fresco" y ponga orden en esta práctica.
domingo, 5 de abril de 2009
¿Una maquinaria enorme y costosa?
Uno de los mitos contra las que la UE debe luchar es la percepción que se tiene de sus Instituciones como "un monstruo burocrático" con miles y miles de funcionarios que cobran unos sueldos de vértigo por realizar unas tareas grises, que carecen de importancia para "la vida real".
Basta acercarse un poco para ver que la realidad es bien diferente.
Pongamos por ejemplo la Comisión europea: este órgano, que se encarga de elaborar las propuestas legislativas, emplea “sólo” 35.000 funcionarios. Esta es una cifra bastante baja, ya que es comparable al número de funcionarios que trabajan por ejemplo en una ciudad europea de tamaño medio. De hecho, si restamos el personal administrativo, los traductores, intérpretes, etc, la cantidad de funcionarios que se dedican a la elaboración de las políticas resulta abrumadoramente bajo, teniendo en cuenta las grandes responsabilidades que tienen (elaboración de legislación y administración diaria de políticas que afectan a 500 millones de ciudadanos).
Respecto a los sueldos, repasemos algunas cifras. El presupuesto comunitario representa a groso modo el 1,2% del PIB de los Estados miembros. De esta cantidad, la enorme mayoría, se destina a políticas de cohesión (Fondos Estructurales para equilibrar las diferencias de desarrollo regional en el interior de la UE), al presupuesto agrícola, a programas comunitarios de (por ejemplo) desarrollo rural, medio ambiente, etc. Los gastos administrativos son sólo el 6%, y los sueldos de los funcionarios son sólo una parte de ello.
No soy funcionario de la UE y no me corresponde “defender a los pobres eurócratas", solo trato de poner las cosas en perspectiva. Soy consciente de que si normalmente los funcionarios tienen mala imagen, los de Bruselas, que están “ahí arriba” y nadie sabe muy bien qué hacen, aún más.
Respecto a los salarios de los europarlamentarios, hay algo que poca gente conoce: los miembros del parlamento europeo cobran EXACTAMENTE LO MISMO que los miembros de los Parlamentos nacionales en sus respectivos países. Esto provoca unas diferencias enormes entre europarlamentarios: los Italianos son los que más cobran, mientras que los españoles reciben menos de la mitad, y los búlgaros, por ejemplo… ¡apenas el 7% de lo que cobran sus colegas transalpinos!.
Tras las elecciones de junio de este año, se va a poner fin a estas disparidades, y se uniformizarán los salarios básicos (para unas nacionalidades bajará, mientras que para los países del Este de Europa subirá).
Repito que tampoco es mi labor decir aquí que “los pobres parlamentarios” no ganan tanto. Es un trabajo muy bien pagado, y las dietas por desplazamiento, etc, pueden llegar a ser muy generosas (y poco controladas, por cierto, pero ya volveré sobre esto en otra entrada de este blog). Pero al fin y al cabo, los que deciden sobre estos temas (presupuesto, etc) son LOS ESTADOS MIEMBROS, así que en caso de queja, hay que llamar a la puerta de los Zapateros, Berlusconis, etc. Y también hay que ver lo que ganan los parlamentarios nacionales y sus dietas, para evitar agravios comparativos.
El mito de “la monstruosa máquina burocrática de Bruselas” es pues, a mi entender, falso. Es más, creo que una de las razones por las cuales el lobby florece en Bruselas es precisamente el hecho de que las Instituciones que cuentan con poco personal, y buscan apoyos externos para elaborar normativas lo más equilibradas posible, y ahí están los lobbies (no sólo empresas y el gran capital: también intereses regionales, asociativos, etc) para tratar de influir.
Basta acercarse un poco para ver que la realidad es bien diferente.
Pongamos por ejemplo la Comisión europea: este órgano, que se encarga de elaborar las propuestas legislativas, emplea “sólo” 35.000 funcionarios. Esta es una cifra bastante baja, ya que es comparable al número de funcionarios que trabajan por ejemplo en una ciudad europea de tamaño medio. De hecho, si restamos el personal administrativo, los traductores, intérpretes, etc, la cantidad de funcionarios que se dedican a la elaboración de las políticas resulta abrumadoramente bajo, teniendo en cuenta las grandes responsabilidades que tienen (elaboración de legislación y administración diaria de políticas que afectan a 500 millones de ciudadanos).
Respecto a los sueldos, repasemos algunas cifras. El presupuesto comunitario representa a groso modo el 1,2% del PIB de los Estados miembros. De esta cantidad, la enorme mayoría, se destina a políticas de cohesión (Fondos Estructurales para equilibrar las diferencias de desarrollo regional en el interior de la UE), al presupuesto agrícola, a programas comunitarios de (por ejemplo) desarrollo rural, medio ambiente, etc. Los gastos administrativos son sólo el 6%, y los sueldos de los funcionarios son sólo una parte de ello.
No soy funcionario de la UE y no me corresponde “defender a los pobres eurócratas", solo trato de poner las cosas en perspectiva. Soy consciente de que si normalmente los funcionarios tienen mala imagen, los de Bruselas, que están “ahí arriba” y nadie sabe muy bien qué hacen, aún más.
Respecto a los salarios de los europarlamentarios, hay algo que poca gente conoce: los miembros del parlamento europeo cobran EXACTAMENTE LO MISMO que los miembros de los Parlamentos nacionales en sus respectivos países. Esto provoca unas diferencias enormes entre europarlamentarios: los Italianos son los que más cobran, mientras que los españoles reciben menos de la mitad, y los búlgaros, por ejemplo… ¡apenas el 7% de lo que cobran sus colegas transalpinos!.
Tras las elecciones de junio de este año, se va a poner fin a estas disparidades, y se uniformizarán los salarios básicos (para unas nacionalidades bajará, mientras que para los países del Este de Europa subirá).
Repito que tampoco es mi labor decir aquí que “los pobres parlamentarios” no ganan tanto. Es un trabajo muy bien pagado, y las dietas por desplazamiento, etc, pueden llegar a ser muy generosas (y poco controladas, por cierto, pero ya volveré sobre esto en otra entrada de este blog). Pero al fin y al cabo, los que deciden sobre estos temas (presupuesto, etc) son LOS ESTADOS MIEMBROS, así que en caso de queja, hay que llamar a la puerta de los Zapateros, Berlusconis, etc. Y también hay que ver lo que ganan los parlamentarios nacionales y sus dietas, para evitar agravios comparativos.
El mito de “la monstruosa máquina burocrática de Bruselas” es pues, a mi entender, falso. Es más, creo que una de las razones por las cuales el lobby florece en Bruselas es precisamente el hecho de que las Instituciones que cuentan con poco personal, y buscan apoyos externos para elaborar normativas lo más equilibradas posible, y ahí están los lobbies (no sólo empresas y el gran capital: también intereses regionales, asociativos, etc) para tratar de influir.
jueves, 26 de marzo de 2009
El péndulo europeo
Hace algunos años, el ex-Presidente Aznar afirmó –al abrigo de la mayoría absoluta que obtuvo en su segundo mandato- que España había llegado a un punto de inflexión en lo que él llamó algo así como “el péndulo autonomista”.
Afirmaba que tras el franquismo, se había dado un movimiento descentralizador que había llegado a su tope, y que era hora de recuperar el equilibrio, de que el péndulo se desplazara de nuevo hacia el centro, devolviendo al Estado no ya ciertas competencias, sino un protagonismo real en la vida pública. Habló, por ejemplo, de conceptos tan farragosos como “recuperar la idea de lo que es y significa España”, y del “patriotismo constitucional”.
Poniendo aparte toda consideración con respecto a las opiniones del ex–mandatario, creo que en Europa está sucediendo algo similar: parece que los dirigentes europeos han llegado a la conclusión de que esto de la construcción Europea está bien, pero que se ha llegado a un punto en el cual ya basta de avances y es momento de volver a la salvaguarda de los intereses nacionales. No lo dicen abiertamente (al menos Aznar tuvo la virtud de no esconder sus alegrías políticas), pero sus actos les delatan.
Bien es cierto que este fenómeno nunca ha dejado de manifestarse en el caso de algunos Estados miembros como el Reino Unido, que –salvo honrosas excepciones- ha sido siempre la piedra en el zapato del europeísmo.
Pero últimamente cada vez nos encontramos con más antieuropeístas sin complejos: desde los gemelos polacos Kaczynski hasta el actualmente Presidente en ejercicio de la Unión, el Checo Sr Klaus.
Y es que el euroespecticismo se ha visto acelerado por dos factores, uno ya relativamente viejo, y otro nuevo. Me refiero a la ampliación y la crisis económica.
Con la ampliación, y pasado el entusiasmo inicial, nos pasa algo relativamente lógico: no voy a descubrir la sopa de ajo cuando digo que los Estados del Centro y Este de Europa, que se incorporaron a la Unión en Mayo del 2004 (2007 para Bulgaria y Rumania) estaban ya suficientemente escaldados de tener que obedecer a un amo externo durante décadas.
Tendríamos que ser muy ilusos para pretender que los líderes políticos de esos países –que no son más que un reflejo de lo que piensa y vota la población local- sean partidarios acérrimos de la supranacionalidad y de la renuncia a los intereses nacionales que implica la pertenencia a la UE. Está claro que no van a pasar en 20 años de tener que obedecer a Moscú a plegarse amablemente a lo que venga de Bruselas, o del eje franco-alemán.
Pero eso ya lo sabíamos cuando ingresaron en el club. Nadie medianamente realista esperaba que los nuevos socios fueran a renunciar a su soberanía alegremente.
Lo que es nuevo, y entro ya en el segundo factor, es el nacionalismo de nuevo cuño que ha invadido las calles -y los despachos de alto nivel- de los Estados de la vieja guardia, a causa de la crisis económica. “Put British workers first!”, gritan los trabajadores en Inglaterra, poniendo a Gordon Brown en un brete. “Volved a Francia!” dice nada menos que Sarkozy a la industria automovilística gala que se había instalado en otros países europeos, en escrupuloso respeto a las reglas del mercado interno.
Y claro, ya la tenemos liada.
Dicen que no hay nada como una crisis, un período de dificultad, para probar cómo de sólida es una amistad o una relación de pareja. Si resiste al viento en contra, demuestra su fortaleza. Si por el contrario se quiebra ante los primeros embates, mala señal.
No quiero sugerir que esta crisis económica sea “el gran test” de una idea europea que ya nació en condiciones 10.000 veces más difíciles (6 años después de una guerra devastadora, nada menos). No voy a ejercer de apocalíptico del “Europa se rompe!”. Pero indudablemente, lo que estamos viendo estos días (estos meses) no es buena señal.
Y estos no son los únicos signos: también está lo del remake del “un Comisario por país!” o la más que posible reelección indiscutida de Barroso, otros signos inequívocos de que a nuestros líderes les preocupa más bien poco el fomentar el debate europeo. Pero de eso ya escribiré otro día…
Afirmaba que tras el franquismo, se había dado un movimiento descentralizador que había llegado a su tope, y que era hora de recuperar el equilibrio, de que el péndulo se desplazara de nuevo hacia el centro, devolviendo al Estado no ya ciertas competencias, sino un protagonismo real en la vida pública. Habló, por ejemplo, de conceptos tan farragosos como “recuperar la idea de lo que es y significa España”, y del “patriotismo constitucional”.
Poniendo aparte toda consideración con respecto a las opiniones del ex–mandatario, creo que en Europa está sucediendo algo similar: parece que los dirigentes europeos han llegado a la conclusión de que esto de la construcción Europea está bien, pero que se ha llegado a un punto en el cual ya basta de avances y es momento de volver a la salvaguarda de los intereses nacionales. No lo dicen abiertamente (al menos Aznar tuvo la virtud de no esconder sus alegrías políticas), pero sus actos les delatan.
Bien es cierto que este fenómeno nunca ha dejado de manifestarse en el caso de algunos Estados miembros como el Reino Unido, que –salvo honrosas excepciones- ha sido siempre la piedra en el zapato del europeísmo.
Pero últimamente cada vez nos encontramos con más antieuropeístas sin complejos: desde los gemelos polacos Kaczynski hasta el actualmente Presidente en ejercicio de la Unión, el Checo Sr Klaus.
Y es que el euroespecticismo se ha visto acelerado por dos factores, uno ya relativamente viejo, y otro nuevo. Me refiero a la ampliación y la crisis económica.
Con la ampliación, y pasado el entusiasmo inicial, nos pasa algo relativamente lógico: no voy a descubrir la sopa de ajo cuando digo que los Estados del Centro y Este de Europa, que se incorporaron a la Unión en Mayo del 2004 (2007 para Bulgaria y Rumania) estaban ya suficientemente escaldados de tener que obedecer a un amo externo durante décadas.
Tendríamos que ser muy ilusos para pretender que los líderes políticos de esos países –que no son más que un reflejo de lo que piensa y vota la población local- sean partidarios acérrimos de la supranacionalidad y de la renuncia a los intereses nacionales que implica la pertenencia a la UE. Está claro que no van a pasar en 20 años de tener que obedecer a Moscú a plegarse amablemente a lo que venga de Bruselas, o del eje franco-alemán.
Pero eso ya lo sabíamos cuando ingresaron en el club. Nadie medianamente realista esperaba que los nuevos socios fueran a renunciar a su soberanía alegremente.
Lo que es nuevo, y entro ya en el segundo factor, es el nacionalismo de nuevo cuño que ha invadido las calles -y los despachos de alto nivel- de los Estados de la vieja guardia, a causa de la crisis económica. “Put British workers first!”, gritan los trabajadores en Inglaterra, poniendo a Gordon Brown en un brete. “Volved a Francia!” dice nada menos que Sarkozy a la industria automovilística gala que se había instalado en otros países europeos, en escrupuloso respeto a las reglas del mercado interno.
Y claro, ya la tenemos liada.
Dicen que no hay nada como una crisis, un período de dificultad, para probar cómo de sólida es una amistad o una relación de pareja. Si resiste al viento en contra, demuestra su fortaleza. Si por el contrario se quiebra ante los primeros embates, mala señal.
No quiero sugerir que esta crisis económica sea “el gran test” de una idea europea que ya nació en condiciones 10.000 veces más difíciles (6 años después de una guerra devastadora, nada menos). No voy a ejercer de apocalíptico del “Europa se rompe!”. Pero indudablemente, lo que estamos viendo estos días (estos meses) no es buena señal.
Y estos no son los únicos signos: también está lo del remake del “un Comisario por país!” o la más que posible reelección indiscutida de Barroso, otros signos inequívocos de que a nuestros líderes les preocupa más bien poco el fomentar el debate europeo. Pero de eso ya escribiré otro día…
miércoles, 18 de marzo de 2009
El baile de los Comisarios
La incertidumbre planea sobre ciertos despachos de alto copete en Bruselas. “Extraño”, se dirán ustedes, “esta gente lo suele tener todo bien atado”. Y tienen razón. Pero esta vez hay un componente nuevo en el puzzle que da un cierto toque de suspense.
Normalmente, tanto los cargos de los 27 Comisarios como su duración están muy bien definidos: son elegidos para 5 años, y al final de este periodo deben dejar su puesto para sus sucesores, o bien continuar en ellos si renuevan mandato. En el caso de los actuales Comisarios, tomaron su cargo en el 2004, y en Octubre próximo finaliza su labor.
Ahora bien: este año la cosa se complica, y mucho.
¿Por qué? Pues básicamente, por la misma razón por la que suspira casi todo el mundo desde hace meses en Bruselas: los irlandeses.
Resulta que tras el sonoro ‘No’ de Dublín al Tratado de Lisboa el año pasado, los líderes europeos están –más o menos- aunque no lo admitan abiertamente- desesperados por fijar una nueva fecha para un referéndum en el que, esta vez sí, los irlandeses aprueben por fin las nuevas normas bajo las que se va a regir este “sarao” comunitario.
No voy a entrar en la pertinencia o no de organizar un segundo referéndum, de eso ya hablaré en otra entrada de este blog. Voy a limitarme por el momento a intentar exponer el porqué esta nueva votación popular está trayendo de cabeza no sólo a los mandatarios nacionales, sino también –y sobre todo- a los presuntos líderes comunitarios (me da un poco de vergüenza referirme a los Comisarios, incluso a su Presidente, como "líderes". Los tengo más bien como funcionarios de altísimo nivel).
A lo que iba: ¿Qué va a pasar este año? Pues resulta que -en teoría, como ya he dicho- los actuales Comisarios deberían dejar sus puestos en octubre para los nuevos elegidos.
Sin embargo, hasta noviembre no está previsto un nuevo referéndum en Irlanda. Y hasta que los irlandeses no voten, no se sabrá bajo qué reglas se va a elegir la nueva Comisión. Si la respuesta de la isla verde es negativa, nos encontraríamos con una Comisión Europea que se elegiría según los criterios establecidos por el actual Tratado, el de Niza, que establece que en ningún caso habría un Comisario por cada Estado miembro. Habría entonces que reducir efectivos, y a ver quién sería el guapo que renunciaría así, sin más, a su Comisario nacional. Hay pocos países candidatos a hacerlo (voluntariamente, al menos).
En caso de que Irlanda aprobara el Tratado de Lisboa, la Comisión se compondría de un miembro por cada Estado, eso sí, pero el nuevo Tratado entraría en vigor unos meses más tarde, ya que Polonia y la República Checa (con el amigo Klaus al frente) se han opuesto a ratificar formalmente Lisboa hasta que el pueblo irlandés no se pronuncie.
Sea como fuere, el lío está servido, porque los Comisarios actuales no deberían dejar su oficina hasta semanas, quizás meses más tarde de lo previsto. “¿Cuál es el problema?” se preguntarán ustedes, “unas cuantas semanas más bajo la lluvia de Bruselas no les va a afectar demasiado”.
Pues es dilema es el siguiente: que durante ese tiempo de mandato in interim, la base legal de sus actuaciones no estaría nada clara: ¿Serían Comisarios en pleno ejercicio bajo el Tratado de Lisboa, aún no ratificado? Imposible. ¿Serían Comisarios con una prórroga en su ejercicio bajo en Tratado de Niza, a la espera de ser sustituidos o simplemente cesados de su cargo, ya que sobrarían en un Colegio necesariamente más reducido?
Estas cuestiones no son baladí, ya que implicarían que el ejercicio del mandato de la Comisión estaría en entredicho. Este órgano Comunitario adopta cada semana nuevas propuestas de normas legislativas que van a afectar a 500 millones de cuidadanos, y decide sobre -por ejemplo- la autorización o no de fusiones empresariales, regulando las normas de competencia. Todo esto significa regular la vida económica del continente.
Así, en caso de no tener una base legal clara, nos encontraríamos con que cualquier empresa afectada podría plantear un caso ante el Tribunal de Justicia Europeo alegando que el órgano que adoptó una propuesta o que (des)autorizó una fusión no tenía la autoridad para hacerlo.
En resumen: estaríamos ante un limbo legal, y ante un marrón de proporciones considerables. De momento, Barroso ya ha pedido a los Comisarios que se preparen para permanecer en sus oficinas unos cuantos meses más (se habla incluso de prorrogar su estancia hasta marzo del 2010), a la espera de lo que digan los irlandeses, y de la agilidad con la que se tramiten las ratificaciones posteriores.
Mientras tanto, los jefes de Estado y de Gobierno deben reunirse inmediatamente después de las elecciones europeas para elegir al Presidente de la Comisión y tomar de paso una decisión sobre qué hacer los escenarios posibles tras el voto de Irlanda.
Veremos lo que sucede.
Normalmente, tanto los cargos de los 27 Comisarios como su duración están muy bien definidos: son elegidos para 5 años, y al final de este periodo deben dejar su puesto para sus sucesores, o bien continuar en ellos si renuevan mandato. En el caso de los actuales Comisarios, tomaron su cargo en el 2004, y en Octubre próximo finaliza su labor.
Ahora bien: este año la cosa se complica, y mucho.
¿Por qué? Pues básicamente, por la misma razón por la que suspira casi todo el mundo desde hace meses en Bruselas: los irlandeses.
Resulta que tras el sonoro ‘No’ de Dublín al Tratado de Lisboa el año pasado, los líderes europeos están –más o menos- aunque no lo admitan abiertamente- desesperados por fijar una nueva fecha para un referéndum en el que, esta vez sí, los irlandeses aprueben por fin las nuevas normas bajo las que se va a regir este “sarao” comunitario.
No voy a entrar en la pertinencia o no de organizar un segundo referéndum, de eso ya hablaré en otra entrada de este blog. Voy a limitarme por el momento a intentar exponer el porqué esta nueva votación popular está trayendo de cabeza no sólo a los mandatarios nacionales, sino también –y sobre todo- a los presuntos líderes comunitarios (me da un poco de vergüenza referirme a los Comisarios, incluso a su Presidente, como "líderes". Los tengo más bien como funcionarios de altísimo nivel).
A lo que iba: ¿Qué va a pasar este año? Pues resulta que -en teoría, como ya he dicho- los actuales Comisarios deberían dejar sus puestos en octubre para los nuevos elegidos.
Sin embargo, hasta noviembre no está previsto un nuevo referéndum en Irlanda. Y hasta que los irlandeses no voten, no se sabrá bajo qué reglas se va a elegir la nueva Comisión. Si la respuesta de la isla verde es negativa, nos encontraríamos con una Comisión Europea que se elegiría según los criterios establecidos por el actual Tratado, el de Niza, que establece que en ningún caso habría un Comisario por cada Estado miembro. Habría entonces que reducir efectivos, y a ver quién sería el guapo que renunciaría así, sin más, a su Comisario nacional. Hay pocos países candidatos a hacerlo (voluntariamente, al menos).
En caso de que Irlanda aprobara el Tratado de Lisboa, la Comisión se compondría de un miembro por cada Estado, eso sí, pero el nuevo Tratado entraría en vigor unos meses más tarde, ya que Polonia y la República Checa (con el amigo Klaus al frente) se han opuesto a ratificar formalmente Lisboa hasta que el pueblo irlandés no se pronuncie.
Sea como fuere, el lío está servido, porque los Comisarios actuales no deberían dejar su oficina hasta semanas, quizás meses más tarde de lo previsto. “¿Cuál es el problema?” se preguntarán ustedes, “unas cuantas semanas más bajo la lluvia de Bruselas no les va a afectar demasiado”.
Pues es dilema es el siguiente: que durante ese tiempo de mandato in interim, la base legal de sus actuaciones no estaría nada clara: ¿Serían Comisarios en pleno ejercicio bajo el Tratado de Lisboa, aún no ratificado? Imposible. ¿Serían Comisarios con una prórroga en su ejercicio bajo en Tratado de Niza, a la espera de ser sustituidos o simplemente cesados de su cargo, ya que sobrarían en un Colegio necesariamente más reducido?
Estas cuestiones no son baladí, ya que implicarían que el ejercicio del mandato de la Comisión estaría en entredicho. Este órgano Comunitario adopta cada semana nuevas propuestas de normas legislativas que van a afectar a 500 millones de cuidadanos, y decide sobre -por ejemplo- la autorización o no de fusiones empresariales, regulando las normas de competencia. Todo esto significa regular la vida económica del continente.
Así, en caso de no tener una base legal clara, nos encontraríamos con que cualquier empresa afectada podría plantear un caso ante el Tribunal de Justicia Europeo alegando que el órgano que adoptó una propuesta o que (des)autorizó una fusión no tenía la autoridad para hacerlo.
En resumen: estaríamos ante un limbo legal, y ante un marrón de proporciones considerables. De momento, Barroso ya ha pedido a los Comisarios que se preparen para permanecer en sus oficinas unos cuantos meses más (se habla incluso de prorrogar su estancia hasta marzo del 2010), a la espera de lo que digan los irlandeses, y de la agilidad con la que se tramiten las ratificaciones posteriores.
Mientras tanto, los jefes de Estado y de Gobierno deben reunirse inmediatamente después de las elecciones europeas para elegir al Presidente de la Comisión y tomar de paso una decisión sobre qué hacer los escenarios posibles tras el voto de Irlanda.
Veremos lo que sucede.
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